LO QUE CUESTA UNA VIDA.

 

JOSÉ PÉREZ TIRADO

Es fundamental que podamos avanzar en la reducción de la siniestralidad vial para evitar las pérdidas de vidas humanas y reducir las lesiones, pero también para que nuestra sanidad pública pueda soportar el gran coste económico que representa el tratamiento de las graves lesiones que producen los accidentes de tráfico.

¿Está recuperando la sanidad pública los gastos sanitarios que producen dichos accidentes? En mi opinión, no está ocurriendo, pues tenemos una legislación que no protege a la sanidad pública y no garantiza un sistema rápido de percepción de los gastos sanitarios, debiéndose establecer en el Seguro Obligatorio de Automóviles una responsabilidad objetiva en materia de tales gastos sanitarios, que permita la acción directa para su reclamación y poderlos recuperar a su verdadero coste real.

 

Son necesarias modificaciones legislativas, donde se reconozcan los “gastos sanitarios futuros después de la estabilización de las secuelas”, pues por una inexplicable actuación de nuestro legislador, que debería velar y preocuparse por cuidar el dinero público, se introdujo en la Ley 21/2007 una curiosa y vergonzosa modificación en el Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de Circulación. Donde decía: “Además de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas, se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica y hospitalaria y, además, en las indemnizaciones por muerte los gastos de entierro y funeral”, pasó a decir: “Se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria hasta la sanación o consolidación de secuelas, siempre que el gasto esté debidamente justificado atendiendo a la naturaleza de la asistencia prestada”.

 

No puedo comprender que al incorporarse al derecho español una norma comunitaria que tenía que servir para mejorar la protección de las víctimas (y de la sanidad), se transformara en todo lo contrario, como si nadie supiera que muchos lesionados, necesitan asistencia sanitaria después de la consolidación de las secuelas.

Una vez más, se trasladó a nuestra sanidad pública o al propio bolsillo de la víctima todos los gastos asistenciales futuros una vez consolidadas sus secuelas.

 

Es necesaria en España una inmediata regulación sobre esta cuestión. En Europa estos gastos futuros son abonados por las entidades aseguradoras, mientras que en nuestro país, esos gastos quedan desaparecidos, y cuando se producen, son asumidos en la gran mayoría de ocasiones por la sanidad pública sin posibilidad de recuperarlos, lo cual, no es justo.

Todos debemos defender y cuidar a nuestra sanidad pública, es necesario que la hagamos sostenible.

José Pérez Tirado es portavoz de las víctimas y miembro del grupo que analiza el baremo.