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Mi nombre es Elizabeth Ibars Solé, soy la madre de Tàbatha Boldú Ibars, que murió en accidente de tráfico el 16 de agosto de 2002, cuando circulaba en coche por la Collada de Toses, una carretera-puerto de montaña (Pirineos) de unos 50 Km que va de Ribes de Freser a Puigcerdà, en la comarca de la Cerdanya, fronteriza a Francia. Dicha carretera estaba en obras. El accidente tuvo lugar en una curva a la derecha que no estaba señalizada ni disponía de ninguna protección.
Este texto no es jurídico, es personal, pero todo lo que digo está fundamentado en los derechos humanos.
¿Por qué me dirijo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Por qué he llegado hasta aquí? Por convicción. Por coherencia. Porque quiero creer en la justicia. Para defender los derechos humanos, los de mi hija, los de todos.
Pertenezco a una generación que ha vivido una gran transformación en los servicios públicos. Así pues, cuando era pequeña, las escuelas eran franquistas; los transportes públicos, deficientes; la sanidad pública, arrogante e insuficiente. Desde el cambio democrático, a partir de 1975, mi país ha cambiado mucho, se ha producido una evolución inmensa en todos los sentidos. Hay una cultura mucho más favorable a todo lo que es público, porque es mejor, más cercano, y sobre todo porque podemos hablar, criticarlo, todo a fin de mejorarlo.
Eduqué a mis hijas así, diciéndoles que el Estado recoge unos impuestos de todos los contribuyentes, que luego revierten en todos nosotros a través de la sanidad pública, la enseñanza pública, la justicia, los transportes públicos, etc. Un sistema que no es perfecto pero “funciona”, y que cuando no es así no lo hemos de dejar de lado, ignorarlo y desencantados pasarnos al sistema privado, o sí, pero no sin dejar constancia de sus defectos, porque sólo así lo podremos mejorar. Porque público no es tan sólo la Administración, el Estado; público somos todos, y tenemos que hacerlo entre todos. Es nuestro. Mejora gracias a nuestro uso y a las quejas o sugerencias que hagamos como usuarios de pleno derecho.
En los últimos años ha habido una evolución en toda la normativa/legislación por lo que se refiere al tráfico. Desde asociaciones como Stop Accidents, que trabajan al lado de la Dirección General de Tráfico, se ha llevado a cabo una tarea larga y continuada, que ha dado muy buenos resultados, y ahora la ley es más dura, y temas como la alcoholemia, la velocidad, el uso obligatorio del cinturón han pasado a ser cruciales, sancionados por la ley y, en consecuencia, han influido en el descenso del número de accidentes.
Sin embargo, hay un vacío: los accidentes cuya causa no es la alcoholemia, ni la velocidad, ni otros, sino la responsabilidad pública, la Administración. Éste es el caso de mi hija. El mío.
Si el 16 de agosto de 2002 a las 22 h en la curva de la citada carretera hubiera habido la señalización adecuada –en ningún lugar indicaba curva a la derecha, ni ninguna línea refractaria en el suelo, ni indicación luminosa– y, lo que es más importante, hubiera habido la protección sustitutiva de la valla que siempre está instalada a lo largo de todo el puerto y que evita que los coches caigan al vacío cuando se salen de la carretera, si hubiera sido así, el accidente no se hubiera producido y mi hija estaría viva.
Lo sé porque hago esta carretera desde que yo tenía 7 años, con mis padres, y la hacíamos en invierno y verano, con nieve y hielo, y muchas veces teníamos que detenernos porque otros coches habían derrapado por causa del hielo hacia la montaña o el precipicio, pero no habían caído al vacío porque la valla los había detenido, y la valla es suficiente para detenerlos porque la velocidad a la que se circula por todo el puerto siempre es muy baja.
Independientemente de si el coche se desliza por el hielo, o si el conductor se ha distraído, o no ha podido adivinar que había una curva a la derecha por la razón que sea, tanto da, independientemente de todo esto, y quiero remarcarlo, independientemente, la responsabilidad del Estado, de la Administración, es hacer las obras como debe ser, y sólo hay una manera: protegiendo y defendiendo la vida de todos, con las máximas medidas de seguridad, velando por la seguridad total de los usuarios. Total es total. Absoluta.
La Administración, el Estado, el Ministerio de Fomento, debe hacerlo así, y las empresas que contratan para realizar las obras, también. No hay otra manera. Su responsabilidad es del 100%. Y no hacerlo es actuar con negligencia. Negligencia que ha conllevado la muerte de mi hija.
Si este proceso, este recurso que llega ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, acaba sin que se reconozca la responsabilidad pública en su totalidad –y no lo digo por la indemnización económica, que es una consecuencia menor y que me repugnaba cuando se inició el proceso, pero que al largo de estos siete años he entendido desgraciadamente también lo que significa– si es así, nosotros habremos perdido, pero perderemos todos. Nosotros, mi hija, todos los que han muerto también por causa del incumplimiento de la Administración Pública y todos los que continuarán encontrándose en el mismo estado de indefensión.
Y ni el Estado ni la empresa constructora tendrán que hacer su mea culpa, recapacitar, y entender cómo deben cumplir con su deber público a partir de ahora. Y por tanto, lo que ha pasado continuará pasando porque a ellos no les habrá pasado nada, nadie les habrá dicho que han incumplido totalmente con su responsabilidad y que han desatendido un derecho fundamental de todas las personas: el derecho a la vida y a la protección.
He llegado hasta aquí porque mi hija se lo merece. Era una luchadora y tenía un sentido profundo de lo que era justo o no, con sólo 12 años. Porque ella lo haría por mí, por la familia, por todos, porque lo que le enseñé lo tenía bien aprendido, asimilado y mejorado, y si yo hubiera abandonado y no hubiera recorrido hasta la última instancia, la habría traicionado a ella y a todo en lo que creo y le enseñé.
Lo hago por mi hija, por mí, por ti.
Elisabeth Ibars Solé
Barcelona, 8 de setembre de 2009
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